Libertad religiosa en Brasil la relación entre los estados y las religiones desde el modelo brasileño

Resumen

El presente estudio indaga cuestiones relativas al derecho fundamental a la libertad religiosa, ya que este tema está presente en diversos debates jurídicos, agendas políticas y acciones públicas y privadas, y se discuten los límites de la relación entre religiones y poderes públicos, esbozando estrategias para proteger el derecho a la libertad religiosa, así como otros derechos relacionados con ella, tales como la libertad de expresión, asociación, culto, conciencia, entre otros. En efecto, la presente investigación pretende identificar que, a pesar de que prácticamente todas las Constituciones modernas del mundo occidental reconocen el derecho de toda persona a la libertad religiosa, incluso en aquellos modelos constitucionales que optan por un sistema de régimen confesional de Iglesia de Estado, son muchas las veces que tales derechos son vulnerados. Así, este trabajo aborda los elementos que identifican la construcción del concepto de libertad religiosa como un derecho humano, considerando que es un derecho fundamental, surge la posibilidad de colaboración entre el Estado y las religiones en la construcción de un escenario en el que puedan participar activamente en la vida política, sin perjuicio de los laicos y la identidad de cada país. Para ello, investigamos los modelos de relación entre religiones y poderes públicos en algunos países latinoamericanos, a partir de sus Constituciones; el análisis de las decisiones de los principales tribunales latinoamericanos y europeos en materia de libertad religiosa y, finalmente, el estudio específico del modelo de colaboración existente entre la Iglesia Católica y Brasil, a través del Acuerdo Brasil-Santa Sede, proponiendo así una forma de colaboración entre Estados y religiones, teniendo a la persona humana como objeto tanto de las acciones de la religión como de las políticas estatales. Las conclusiones alcanzadas refuerzan la idea de que tanto las religiones como los Estados deben reconocer que existen elementos convergentes entre la búsqueda del bien común y la promoción de los derechos fundamentales. El gran beneficiado de lo anterior es la propia persona humana, es decir, el ciudadano y fiel, quien termina teniendo sus derechos inalienables, como el de la libertad religiosa, solidificados y protegidos en su Estado.